- Los entes locales y la mayoría de partidos desoyeron las preguntas que diversos ciudadanos les formularon en 2012 a través de la plataforma tuderechoasaber.com.
- El gasto público aglutinó gran parte de los silencios administrativos.
[Sobre la ley de Transparencia en España]
Silencio administrativo, la tónica general
El silencio administrativo impera como respuesta a las peticiones que la ciudadanía ha dirigido a entidades locales, entre marzo de 2012 y el pasado 31 de diciembre. En concreto, el 70,15% de las solicitudes no fueron atendidas (47 de las 67), señala el informe –que puedes consultarlo on line-. Con excepción de UPyD, ningún partido político respondió a las preguntas ciudadanas.
El porcentaje de silencio administrativo disminuye al 54% (306 de 567 solicitudes) cuando las demandas se refieren al resto de instituciones y administraciones. Aún así, sólo un 13,23% -75 de la totalidad- respondieron de forma satisfactoria. Otras veces adujeron que la vía no era la adecuada, o se respondió de forma incompleta (ver gráfico).
“Incluso entre las peticiones relacionadas con materias medioambientales, que sí cuentan con una ley de acceso a la información propia en España, el porcentaje de silencio administrativo es del 58,14%”, subraya la web.
Nada sobre gasto público
La mayoría de silencios se han centrado en preguntas sobre el gasto público, según la web. Ni dio datos el Congreso de los Diputados, ni el Tribunal de Cuentas, que no informó “sobre los complementos vitalicios para altos cargos de la administración y hasta en el Banco de España, que no ha contestado a ninguna petición sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen total de deuda pública emitida entre 2008 y 2012”.
La Generalitat de Catalunya tampoco respondió sobre el coste de las elecciones en 2003, 2006 y 2010. Varias preguntas a la Comunidad de Madrid sobre el Eurovegas cayeron en saco roto. Ni el Tribunal Constitucional se salva, que no ha respondido sobre el número de casos abiertos y la antigüedad de los mismos. La web también se queja del silencio ante demandas sobre los puntos negros en las carreteras españolas o sobre índices de criminalidad.
250.000 euros en traductores
Entre las respuestas dadas por los organismos, la web destaca la pregunta de un ciudadano que inquirió sobre el coste anual en el Senado de los traductores de lenguas cooficiales. La respuesta -250.000 euros en 2012- tuvo eco en los medios de comunicación. Asimismo se conoció el gasto de las elecciones autonómicas en Asturias y Euskadi, y que en esos comicios los partidos se embolsaron la mitad del dinero como subvenciones (“hecho amparado por la ley”, anota la web).
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